Page 50 - Constitucion Nacional 2024

Constitución Nacional de la República del Paraguay

SECCIÓN III
DE LA BANCA CENTRAL DEL ESTADO

Artículo 285.- De la naturaleza, de los deberes y de las atribuciones
Se establece una Banca Central del Estado, en carácter de organismo técnico. Ella tiene la exclusi-
vidad de la emisión monetaria, y conforme con los objetivos de la política económica del Gobierno
Nacional, participa con los demás organismos técnicos del Estado en la formulación de la política
monetaria, crediticia y cambiaria, siendo responsable de su ejecución y desarrollo, preservando la
estabilidad monetaria.
Artículo 286.- De las prohibiciones
Se prohíbe a la Banca Central del Estado:
1) acordar créditos, directa o indirectamente, para financiar el gasto público al margen del presu-
puesto, excepto:
i) los adelantos de corto plazo de los recursos tributarios presupuestados para el año respectivo, y
ii) en caso de emergencia nacional, con resolución fundada del Poder Ejecutivo y acuerdo
de la Cámara de Senadores.
2) adoptar acuerdo alguno que establezca, directa o indirectamente, normas o requisitos diferen-
tes o discriminatorios, y relativos a personas, instituciones o entidades que efectúan operacio-
nes de la misma naturaleza, y
3) operar con personas o entidades no integradas al sistema monetario o financiero nacional e
internacional.

Artículo 287.- De la organización y del funcionamiento
La ley regulará la organización y el funcionamiento de la Banca Central del Estado, dentro de las
limitaciones previstas en esta Constitución.
La Banca Central del Estado rendirá cuentas al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional sobre la eje-
cución de las políticas a su cargo.

TITULO III
DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Artículo 288.- De la declaración, de las causales, de la vigencia y de los plazos
En caso de conflicto armado internacional, formalmente declarado o no, o de grave conmoción
interior que ponga en inminente peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regu-
lar de los órganos creados por ella, el Congreso o el Poder Ejecutivo podrán declarar el Estado de
Excepción en todo o en parte del territorio nacional, por un término de sesenta días como máximo.
En el caso de que dicha declaración fuera efectuada por el Poder Ejecutivo, la medida deberá ser
aprobada o rechazada por el Congreso dentro del plazo de cuarenta y ocho horas.
Dicho término de sesenta días podrá prorrogarse por períodos de hasta treinta días sucesivos, para
lo cual se requerirá mayoría absoluta de ambas Cámaras.
Durante el receso parlamentario, el Poder Ejecutivo podrá decretar, por única vez, el Estado de
Excepción por un plazo no mayor de treinta días, pero deberá someterlo dentro de los ocho días a
la aprobación o rechazo del Congreso, el cual quedará convocado de pleno derecho a sesión ex-
traordinaria, únicamente para tal efecto.
El decreto o la ley que declare el Estado de Excepción contendrá las razones y los hechos que se
invoquen para su adopción, el tiempo de su vigencia y el territorio afectado, así como los derechos
que restrinja.
Durante la vigencia del Estado de Excepción, el Poder Ejecutivo sólo podrá ordenar, por decreto y en
cada caso, las siguientes medidas: la detención de las personas indiciadas de participar en algunos
de esos hechos, su traslado de un punto a otro de la República, así como la prohibición o la restric-
ción de reuniones públicas y manifestaciones.
En todos los casos, las personas indiciadas tendrán la opción de salir del país.

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